Acuerdo 0005-15: Deléguense atribuciones al Director(a) Provincial de Morona Santiago

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, dispone: “Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones (…)”;

Que, el inciso segundo del artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece: “Los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones, que de acuerdo con las leyes y reglamentos     tenga     el     funcionario     delegado.     Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los Ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial. El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicios de tal delegación”;

Que, el artículo 55 del Estatuto Ibídem, establece: “Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto (…)”;

Que, el artículo 57 del Estatuto de la referencia, determina: “La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó”;

Que, en lo relacionado a la delegación de procesos de contratación pública, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: “Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respetiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRAS PÚBLICAS”;

Que, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 3 de fecha 10 de agosto de 1992, y publicado en el Registro Oficial Nro. 1 de 11 de agosto de 1992;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 585, de 18 de febrero de 2015, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador nombra a la Arq. María de los Ángeles Duarte, Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda;

Que, con fecha 16 de diciembre de 2013, el Arq. Paulino Trelles Vásquez, Director Provincial del MIDUVI Morona Santiago, y el Arq. José Vicente Arias Atiencia,

suscribieron el contrato de cotización Nro. CO- MIDUVIMS-003-2013, para la construcción de 45 viviendas nuevas en el proyecto denominado Chiarentza, ubicado en la parroquia Taisha, cantón Taisha, provincia Morona Santiago;

Que, el contrato enunciado fue terminado unilateralmente por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en base al informe técnico del fiscalizador de la obra en el que determinó “(…) abandono de la obra por parte del contratista desde el 5 de junio de 2014 (…) - la multa del contratista es de USD $ 54.868.01 la misma que supera el 5% del monto total del contrato”

Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: “Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, de manera directa, de conformidad con el procedimiento que se establezca en el reglamento de aplicación de esta Ley.”;

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo innumerado del capítulo IX sobre la terminación de contratos, a continuación del artículo 146, dispone que: “Luego de la declaratoria de terminación unilateral del contrato, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, iniciará un proceso de contratación directa (…)

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado en concordancia con los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,