Acuerdo 20140102 Desígnase atribuciones al Coordinador(a) Zonal Insular

Que, conforme al numeral 1 del Artículo 154 de la Constitución de la República, a los Ministros de Estado les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece las competencias y facultades atribuidas a las instituciones del Estado, a sus servidores y a las personas que actuan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República establece el alcance de la responsabilidad de los servidores públicos y de los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado;

Que, el artículo 258 de la Constitución de la República establece que la provincia de Galápagos tendrá un gobierno de Régimen Especial, su planificación y desarrollo se organizará en función y estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural, la administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representante de las juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley;

Que, el artículo 104 del Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD establece que la provincia de Galápagos constituye un Régimen Especial de gobierno en razón de sus particularidades ambientales y por constituir patrimonio natural de la humanidad; su territorio será administrado por un consejo de gobierno, en la forma prevista en la Constitución y en el Código y la Ley que regule el régimen especial;

Que; la Disposición Transitoria Vigésima Sexta, del Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, dispone que el Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos estará integrado por: "a) Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá con voto dirimente y ejercerá su representación legal. b) La ministra o el ministro que ejerce la rectoría de la política pública ambiental o su delegado o delegada permanente; c) La ministra o el ministro que ejerce la rectoría de la política pública turística o su delegado o delegada permanente; d) El o la representante del órgano nacional de planificación o su delegado o delegada; e) La alcaldesa o el alcalde de cada uno de los cantones pertenecientes a la provincia de Galápagos, o sus delegados o delegadas permanentes; y, f) Un representante de los presidentes de las juntas parroquiales de la provincia de Galápagos, o su delegado o delegada permanente. Entre los miembros del Consejo de Gobierno de Galápagos, se elegirá un Vicepresidente, al cual le son aplicables todas las disposiciones del Presidente establecidas en este Código, cuando hiciere sus veces...”.

Que, de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, publicado en el Registro Oficial No. 536 de 18 de marzo de 2002, los Ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos Ministerios, cuando lo estimen conveniente mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario Nacional de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial;

Que, el artículo 55 de la norma ibídem establece: "Las atribuciones propias de las diversas entidades y autori- dades de la Administración Pública Central e Institu- cional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibi- das por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial”;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución de la República y el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,