Acuerdo 6231 Emítese el informe y autorización correspondiente como documento habilitante para el inicio y/o publicación de los procedimientos de contratación pública ...

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República determina que, el trabajo es un derecho, un deber social

y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República ordena que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley; y, que las mismas tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República determina que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas;

Que, de conformidad con el artículo 163 del mismo cuerpo legal: “La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”;

Que, de conformidad al Decreto Ejecutivo No. 632, del

17 de enero del 2011, publicado en el Registro Oficial No. 372 del 27 de enero del 2011, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Policía nacional, fue asumida por el Ministerio del Interior;

Que, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, publicada en Registro Oficial 130 de 22 de julio de 2003, le corresponde únicamente a nivel nacional al Ministerio del Interior el otorgamiento del permiso de operación a las compañías que presten los servicios de vigilancia y seguridad privada en el país;

Que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, publicada en el Registro Oficial 130 de 22 de julio de 2003, en relación al Objeto Social, las compañías de vigilancia y seguridad privada tendrán por objeto social la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo;

Que, en el marco de sus competencias, el Servicio Nacional de Contratación Pública emitió la Resolución No. RC-SERCOP-2015-0041 de fecha 24 de septiembre del 2015, en la que establece que previo al inicio y/o publicación de los procedimientos de contratación pública establecidos en Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, inclusive aquellos que se realicen por Catálogo Electrónico, cuyo objeto sea la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada, las entidades deberán contar con el informe y autorización correspondiente emitidos por el Ministerio del Interior;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio del Interior, en su Título I, literal b), numeral 11), faculta al Titular de esta Cartera de Estado, la expedición de las normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión ministerial; y,

De conformidad con lo previsto en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador,