Acuerdo MCPEC-2015-006-A Deléguense funciones y atribuciones a Coordinador General Administrativo Financiero

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República garantiza a las personas el derecho de acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en privadas que manejen fondos del estado o realicen funciones públicas, sin que exista la reserva de información, salvo lo dispuesto en la ley;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece que corresponde a las Ministras y Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, “(...) ejerce la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requieran su gestión”;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República dispone que “Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidad por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penal mente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito (...);

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que por la transparencia en la gestión administrativa a la que están obligadas todas las instituciones del Estado que conforman el sector público, se difundirán a través de un portal de información o página web así como los medios necesarios a la disposición del público, implementados en la misma institución, información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que “Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la Ley o por Decreto...”;

Que, el artículo 57 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que “La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó.”

Que, el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad-MCPEC- es una institución pública, con independencia administrativa y financiera, creado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 117-A, publicado

en el Registro Oficial Nro. 33 de 5 marzo de 2007, el mismo que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1450, publicado en el Registro Oficial Nro. 482, de 5 de diciembre de 2008; y Nro. 1558, publicado en el Registro Oficial Nro. 525 de 10 de febrero de 2009; cuya denominación actual fue determinada en Decreto Ejecutivo Nro. 46 publicado en el Registro Oficial Nro. 36 de 29 de septiembre de 2009;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 638, de 23 de marzo de 2015, el señor Presidente de la República, nombró a la Econ. Nathalie Cely, como Ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad;

Que, mediante Resolución Nro. 007-DPE-CGAJ del 15 de enero del 2015, la Defensoría del Pueblo expide los parámetros técnicos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas en el Art.7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP;

Que, el Art. 2 de la Resolución No. 007-DPE-CGAJ del 15 de enero del 2015, establece que “Los y las titulares de las entidades poseedoras de información pública deberán nombrar mediante acuerdo o resolución a un delegado o delegada que de conformidad con el literal o) del Art. 7 de la LOTAIP será el responsable de atender la información pública en la institución y por tanto del cumplimiento de lo previsto en el presente Reglamento”;

Que, el Art. 8 Ibídem, dispone que, “Las autoridades de las entidades poseedoras de información pública deberán establecer mediante acuerdo o resolución la conformación del comité de Transparencia así como su integración y funciones. Dicho comité será la instancia de vigilar y hacer cumplir la LOTAIP y los instrumentos dispuestos por la Defensoría del Pueblo”;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el número 1 del Art. 154 de la Constitución de la República: