Acuerdo SNPD-084-2015 Deléguense facultades al Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir y otros

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Que, el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece que es atribución del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo: “(…) 4. Delegar por escrito las facultades que estime conveniente. Los actos administrativos ejecutados por las o los funcionarios, servidores o representantes especiales o permanentes delegados, para el efecto, por el Secretario Nacional tendrán la misma fuerza y efecto que si los hubiere hecho el titular o la titular de dicha Secretaría y la responsabilidad corresponderá al funcionario delegado”;

Que, el artículo 60 del mismo cuerpo legal, determina que: “(…) Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo incluya en el plan anual de inversiones del presupuesto general del Estado, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la Programación Presupuestaria Cuatrienal y de conformidad con los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento de este código (…) Únicamente los programas y proyectos incluidos en el Plan Anual de Inversiones podrán recibir recursos del Presupuesto General del Estado”;

Que, el artículo 69 del Código ibídem, señala que: “(…) La aprobación de programas y proyectos de la cooperación internacional no reembolsable se realizará de acuerdo a los procedimientos de priorización de los programas y proyectos de inversión pública, y se realizará por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con excepción de aquellos que reciban y ejecuten las universidades, escuelas politécnicas, gobiernos autónomos descentralizados y la seguridad social. En estos caso, los programas y proyectos serán aprobados por las máximas autoridades de dichas entidades, dentro del marco de los lineamientos de la política nacional para la cooperación internacional (…)”;

Que, el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: “(…) Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirá todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa durante la ejecución presupuestaria (…)”;

Que, el inciso quinto del artículo 118 del mismo Código Orgánico, determina que: “(…) Únicamente en caso de modificaciones en el Presupuesto General del Estado que impliquen incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad ejecutora o la inclusión de nuevos programas y/o proyectos de inversión, se requerirá dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En los demás casos, las modificaciones serán realizadas directamente por cada entidad ejecutora (…)”;

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dispone que: “Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto (…)”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1372, publicado en el Registro Oficial No. 278, de 20 de febrero de 2004, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo -SENPLADES-, como el organismo responsable del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación en todos sus niveles;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 800, de 15 de octubre de 2015, se designó a Sandra Naranjo Bautista, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo;

Que, el literal u) del acápite 1.1. “Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo” punto 1 “Proceso Gobernante: Direccionamiento Estratégico” del Título I “De los Procesos Gobernantes”, Capítulo V “De La Estructura Descriptiva” del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la SENPLADES, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 97, de 22 de enero de 2014, establece como atribución de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo: “(…) u) Delegar facultades y atribuciones dentro de la estructura jerárquica institucional, cuando considere necesario (…)”;

Que, mediante Acuerdo Interministerial No. SNPD- MF-0058-2014, de 5 de mayo de 2014, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 268, de 16 de junio de 2014, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Finanzas, expidieron las Disposiciones para la Inclusión de Estudios y Programas y Proyectos de Inversión en los Planes de Inversión.

Que, mediante Acuerdo No. SNPD-026-2015, de 23 de marzo de 2015, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, delegó al/la Subsecretario/a General de Planificación para el Buen Vivir, al/la Subsecretario/a de Inversión; y, a los/las Subsecretarios/as Zonales de Planificación de la SENPLADES, la expedición de diferentes actos relacionados con la declaratoria de prioridad de estudios, programas y proyectos de inversión, así como de aprobación de proyectos financiados con cooperación internacional y sus actualizaciones.

Que, es necesario fortalecer el proceso de declaratoria de prioridad de estudios, programas y proyectos de inversión, por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo; y,

En ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren el numeral 4 del artículo 27 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, el Decreto Ejecutivo No. 800, de 15 de octubre de 2015,