Decreto 840 Dispónese la extinción de la Empresa Pública Importadora (EPI)

Que el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador faculta la constitución de empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;

Que las letras a) y b) del artículo 17 de la Ley de

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación

de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, facultan al Presidente de la República a emitir disposiciones normativas de tipo administrativo dentro del ámbito del Gobierno Central para fusionar aquellas entidades públicas que dupliquen funciones y actividades, o que puedan desempeñarse más eficientemente fusionadas y reorganizar y suprimir entidades públicas cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria o indispensable para el desarrollo nacional o, que no presten una atención eficiente y oportuna a las demandas de la sociedad;

Que de conformidad con el artículo 55 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, si una empresa pública hubiere dejado de cumplir los fines u objetivos para los que fue creada o su funcionamiento ya no resulte conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público y, siempre que no fuese posible su fusión, el ministerio o institución rectora del área de acción de la empresa pública o la máxima autoridad del gobierno autónomo descentralizado propondrá al Directorio de la empresa su liquidación o extinción;

Que el artículo 56 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que, para la extinción de una empresa pública se deberán observar las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo el decreto ejecutivo, norma regional u ordenanza respectiva fijar la forma y términos de su extinción y liquidación;

Que el artículo 66 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas indica que una vez liquidada una empresa pública y cubiertos todos los pasivos, el remanente de los activos pasará a propiedad del ministerio o institución rectora del área de acción de la empresa pública o del gobierno autónomo descentralizado que la hubiere creado;

Que las letras a), b), f), h) e i) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, determinan que corresponde al Presidente de la República dirigir y resolver los asuntos superiores fundamentales de la Función Ejecutiva y del Estado Ecuatoriano; orientar los aspectos fundamentales de las actividades de los organismos y entidades que conforman la Función Ejecutiva; adoptar decisiones de carácter general o específico, según corresponda, mediante decretos ejecutivos y suprimir, fusionar y reorganizar organismos de la Función Ejecutiva;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 92, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 77 del 10 de septiembre del 2013, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 462, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 353 de 14 de octubre de 2014, se creó la Empresa Pública Importadora -EPI; y,

Que, es necesario organizar de manera óptima las entidades de la Función Ejecutiva, para adecuarlas a los actuales requerimientos funcionales.

En ejercicio de las facultades y atribuciones previstas en los numerales 5 y 13 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, letras a) y b) del artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y

Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada y, letras a), b), f), h) e i) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,