Resolución No. DP-DPG-DAJ-2015-087 Expídese el reglamento de clasificación de información reservada y confidencial

Que, según el artículo 191 de la Constitución de la República, la Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial, indivisible, con autonomía administrativa, económica y financiera.

Que, el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de la República consagra como uno de los derechos que tienen todas las personas, en forma individual o colectiva, el de “Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negarál la información”.

Que, de acuerdo con el artículo 96 la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Estado garantiza el derecho que tienen los ciudadanos de acceder libremente a la información pública, de conformidad con la Constitución y la ley.

Que, en el mismo sentido, el artículo 1º de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que el acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el Estado.

Que, el artículo 5 de la misma Ley Orgánica establece que se considera información pública todo documento, en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas que se hallen bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.

Que, el inciso 2º del artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone que “Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en poder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el tema materia de la información, tengan participación del Estado o sean concesionarios de este”.

Que, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece aquella información que las entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas deben difundir obligatoriamente a través de un portal de información o página web.

Que, en concordancia con lo previsto en el artículo 18 numeral 2 de la Constitución de la República, el artículo

17 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que no procede el derecho a acceder a la información pública, entre otros casos, cuando se trata de informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes; y el tercer inciso del artículo

47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional prescribe que “No se podrá acceder

a información pública que tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas”.

Que,según el artículo 91 de la Constitución de la República “El carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley”.

Que,el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que “La información clasificada previamente como reservada, permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación…”.

Que, el artículo 66 numeral 19 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas, entre otros derechos, “El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley”.

Que, el artículo 2 literal d) de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que uno de sus objetivos es garantizar la protección de la información personal en poder del sector público o privado; y el artículo 6 ibídem dispone en su primer inciso que “Se considera información confidencial aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República” (que actualmente corresponden a los artículos 66 y 76 de la Constitución vigente).

Que, el artículo 5 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos establece los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos en cualquier forma, medio o intención; y en su artículo 9 inciso segundo señala que “…La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente”.

Que, mediante Resolución No. DP-DPG-DAG-2015-042 de 13 de abril de 2015, se expidió la normativa interna de la Defensoría Pública para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Que, de acuerdo con el artículo 12 de dicha Resolución, corresponde al Comité de Transparencia elaborar el listado índice de información y documentación reservada de la Defensoría Pública.

Que, el referido Comité de Transparencia, en sesión realizada el 29 de julio de 2015 definió el listado índice de

información y documentación reservada de la Defensoría

Pública, y con memorando No DP-DGA-2015-0424-M de

06 de agosto de 2015, solicitó al Defensor Público General su aprobación.

En ejercicio de la facultad consignada en el numeral 3 del artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial,