Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las Ministras y Ministros de Estado además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde:
”Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y sus resoluciones administrativas que requieren su gestión (…)”;
Que, artículo 227 ibídem establece que:
“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;
Que, el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, consagra el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;
Que, el artículo 96 de la norma señalada y el artículo 30 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos; organizaciones que podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, y deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas;
Que, los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, establecen que el Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como a sus formas de expresión; genera mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones existentes; y debe promover y desarrollar políticas, programas y proyectos que se realicen con el apoyo de las organizaciones sociales, incluidos aquellos dirigidos a incentivar la producción y a favorecer la redistribución de los medios de producción;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva faculta a los Ministros de Estado para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339, de 23 de noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77, de 30 de noviembre de 1998, en concordancia con el artículo 17 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 19, de 20 de junio de 2013, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, delegó la facultad a cada Ministro de Estado, para que de acuerdo a la materia de su competencia apruebe los estatutos y las reformas de las organizaciones que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXX, Libro I, del Código Civil;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. DM-2014-084, de 18 de julio de 2014, se concedió personalidad jurídica a la
“Corporación de Desarrollo Artístico Cultural ALABARTE”;
Que, mediante Oficio S/N de 22 de julio de 2015; el Presidente de la “Corporación de Desarrollo Artístico Cultural ALABARTE”, con domicilio en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador, solicitó la corrección del Acuerdo Ministerial No. DM-2014-084;
Que, el artículo 98 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que los errores de hecho o matemáticos manifiestos pueden ser rectificados por la misma autoridad de la que emanó el acto en cualquier momento;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. DM-2014-084, de 18 de julio de 2014, se hace constar por un lapsus calami la frase: “Corporación de Desarrollo Artístico Cultural ALABARTE”, siendo lo correcto: “Corporación de Desarrollo Artístico y Cultural ALABARTE”;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 648, de 25 de marzo de 2015, el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, nombró al doctor Guillaume Jean Sebastien Long como Ministro de Cultura y Patrimonio; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y, el Decreto Ejecutivo No. 648, de 25 de marzo de 2015, en calidad de Ministro de Cultura y Patrimonio,
