Decreto 641: Refórmese el Decreto Ejecutivo No. 798, publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio de 2011

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, Desconcentración, descentralización,coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que los números 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen entre las atribuciones y deberes del Presidente de la República el definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la Administración Pública en forma desconcentrada y expedir decretos necesarios  para su integración, organización, regulación, y control, así como, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 798 publicado en el Registro Oficial No. 485 de 6 de julio de 2011, se creó la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, correspondiéndole ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión inmobiliaria del Sector Público,

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 50 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 57 del 13 de agosto del 2013 se transformó en Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, el cual tiene un Comité encargado de coordinar la política intersectorial de gestión inmobiliaria, integrado por el Secretario de la Administración Pública o su delegado permanente, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado permanente; y el Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda o su delegado permanente,

Que la Ley de Administración de Bienes, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 732 de fecha 26 de junio del 2012, que reforma a la Disposición Transitoria Única de la Ley de Prevención y Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; y la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: en concordancia con lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 69, letra e):

manifiestan en su orden que "...los bienes muebles e inmuebles comisados serán transferidos definitivamente a la institución encargada de la Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado entidad que podrá disponer de estos bienes para su regularización…”; y en virtud de esta disposición legal son transferidos a INMOBILIAR previos urbanos y rurales o rústicos del CONSEP;

Que de conformidad al artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, se lo podrá realizar por compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partida presupuestaria o de activos; razón por la cual se transfieren todo tipo de inmuebles a favor  de INMOBILIAR;

Que el artículo 48 de la Codificación a la Ley de Desarrollo Agrario, establece: "Prohíbase a las entidades del sector público, con excepción del INDA y del Ministerio del Ambiente, ser propietarias de tierras rústicas (…), exceptúense las tierras rústicas que sirvan para el cumplimiento de los fines específicos de la entidad que las aprovecha, como las destinadas a capacitación, investigación agraria, educación, campamentos de obras públicas, explotación de minas, canteras y recursos del subsuelo, instalaciones para la defensa nacional, puertos, aeropuertos,  áreas de seguridad, áreas protegidas, patrimonio forestal y otros similares(...);

Que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la institución rectora multisectorial, para regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, numerales 5 y 6 de la Constitución de la República y el artículo 11, letras f) y g) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,