Resolución 0099-15 Declárese la utilidad pública a varios bienes inmuebles, ubicados en el cantón Guayaquil

Que, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, (MIDUVI), fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 3 de 10 de agosto de 1992, publicado en el Registro Oficial N° 1 de 11 de agosto de 1992.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 585 de 18 de febrero de 2015, el señor Presidente Constitucional de la República designó a la Arq. María de los Ángeles Duarte, como Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda;

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica (…)”;

Que, el artículo 31 de la norma invocada dispone que: “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibro entre lo urbano y rural. El derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 35 dispone: “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.

Que, el artículo 66, de la Norma Suprema dispone: “Se reconoce y garantizará a las personas: 2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física”;

Que, el artículo 261, de la ibídem establece que: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda.”;

Que, el artículo 323 ibídem estipula que: “Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación”;

Que, es un deber del Estado, en todos sus niveles de gobierno garantizar el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual, conforme el numeral tercero del artículo 375 de la Carta Magna, “.. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de hábitat de acceso universal, equidad e interculturalidad, con enfoque a la gestión de riegos”;

Que, el Artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone:

“Art. 58.- Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley.

Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el lapso máximo de noventa (90) días; sin perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble. Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector urbano como en el sector rural, en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales actualizados de la zona. El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento sobre dicho avalúo. Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía administrativa. El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, (…).

“Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía administrativa. El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. En el supuesto de que no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite previsto en el Código de Procedimiento Civil. El juez en su resolución está obligado a sujetarse al avalúo establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad, sin perjuicio de que el propietario inicie las acciones que le franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente. Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública, los dueños deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieran impagos, del precio de venta, se los deducirá”.

Que, el Artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que: “Salvo disposición legal en contrario, la declaratoria de utilidad pública o de interés social sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la máxima autoridad de la entidad pública, con facultad legal para hacerlo, mediante acto motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará;

“Se acompañará a la declaratoria el correspondiente certificado del registrador de la propiedad. Las personas jurídicas de derecho privado sujetas a la Ley y a este Reglamento General como entes contratantes podrán negociar directamente la adquisición de inmuebles dentro de los parámetros establecidos en la ley. Si se requiriera una expropiación, deberán solicitarla a la autoridad pública del ramo correspondiente al que pertenezcan. La resolución será inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón en el que se encuentre ubicado el bien y se notificará al propietario. La inscripción de la declaratoria traerá como consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo el que sea a favor de la entidad que declare la utilidad pública”.

Que, el artículo 63 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que “El valor del inmueble se establecerá en función del que constare en la respectiva unidad de avalúos y catastros del municipio en el que se encuentre ubicado el inmueble antes del inicio del trámite de expropiación, el cual servirá a efectos de determinar el valor a pagar y para buscar un acuerdo en los términos previstos en la ley”.

“En las municipalidades que no se cuente con la Dirección de Avalúos y Catastros, o a petición de esa entidad, el avalúo lo podrá efectuar la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, para el efecto se podrá suscribir un convenio de cooperación interinstitucional. Asimismo, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros realizará el avalúo si es que habiendo sido requerido el Municipio no efectuare y entregare el avalúo en el plazo de treinta días de presentada la petición. Si judicialmente se llegare a determinar, mediante sentencia ejecutoriada, un valor mayor al del avalúo catastral, deberán reliquidarse los impuestos municipales por los últimos cinco años, conforme establece el artículo 449 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Tal valor se descontará del precio a pagar”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1218, publicado en el Registro Oficial No. 317 de 16 de noviembre de 1993, se norma las funciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda:

“Art. 1.- Corresponden al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) las siguientes funciones rectoras en materia de desarrollo urbano y ordneamiento urbano(...).

l) Adquirir de acuerdo con la ley, los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de planes de desarrollo programas y proyectos específicos”.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 58, del 9 de diciembre de 2009, se expidió la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda: en el cual se determinó que la MISION del MIDUVI, es: “Formular, dirigir y coordinar la ejecución de políticas públicas en el ámbito de hábitat, vivienda y servicios domiciliarios de agua potable, saneamiento y residuos sólidos, que permitan contar con un Sistema Nacional de Hábitat y Asentamientos Humanos sustentable, seguro y de calidad a través de la definición de planes, programas y proyectos, que fortalezcan la integración y el desarrollo del país, además de gerenciar la gestión organizacional a través del direccionamiento estratégico para el desarrollo de sistemas y procedimientos de mejoramiento continuo que permitan optimizar la capacidad de respuesta de los procesos”;

Que, conforme al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional, establece como atribuciones y responsabilidades:

“6.- Expedir conforme a la ley, acuerdos, resoluciones, reglamentos y más disposiciones requerir requeridas para la conducción de la gestión institucional”.

“7.- Proponer, dirigir y controlar planes, programas, proyectos, presupuestos anuales, plurianuales y reformas de desarrollo de hábitat, vivienda(…).”

“30.- Proponer e impulsar acciones, acuerdos y convenios con el sector público y privado que posibiliten la integración interna y externa en materia de hábitat, vivienda(…).”

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1419 del 22 de enero de 2013, el señor Presidente Constitucional de la República, dispuso: “ Art. 1.- Modificar el “Sistema de Incentivos de Vivienda Social” con la finalidad de que diversas instituciones públicas y privada participen de manera articulada en la implementación de incentivos tanto a la oferta como a la demanda, que permitan una intervención efectiva para la generación de vivienda social y propendan al cumplimiento de la Ley y los objetivos de política pública. E incrementó el valor del bono de la vivienda para la siguientes modalidades: “adquisición en proyectos ubicados en zonas urbanas, urbano marginales o rurales, (…); para vivienda rural, urbana y urbano marginal; Bono de emergencia, en sus dos modalidades reposición de vivienda y reasentamiento; Bono de vivienda dirigido a los beneficiarios con discapacidad; Bono de Titulación;

Que, mediante memorando No. MIDUVI-PNDU-2015- 0189-M, de 18 de mayo de 2015, el señor Gerente del Proyecto PNDU-MONTE SINAI, presenta un Informe de Predios en Monte Sinaí a la señora Directora Provincial del MIDUVI – Guayas, en el cual indica lo siguiente:

“En cumplimiento a lo estipulado en la Ley Reformatoria de la Ley de Legalización de moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo”, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, dentro de sus competencias a través del Programa Nacional de Desarrollo Urbano mediante Oficio MIDUVI- PNDU-2015-0025-0 de 1 de abril de 2015, solicitó a la M.I Municipalidad de Guayaquil, se entregue la información catastral y avalúo correspondientes a los predios denominados de propiedad de Balerio Estacio y Playcorsi. Por lo antes expuesto solicito se remita al departamento correspondiente con la finalidad que se destinen los recursos necesarios para el debido proceso de transferencia de dominio al MIDUVI de los predios antes mencionados para lo cual se adjunta el informe técnico de motivación de declaratoria de utilidad pública”.

Que, en el informe enviado por el Gerente del Proyecto PNDU-MONTE SINAI, con memorando No. MIDUVI- PNDU-2015-0189-M, de 18 de mayo de 2015, indica lo siguiente:

“DATOS GENERALES DEL PROYECTO: Nombre del Proyecto: Programa Nacional de Desarrollo Urbano – Monte Sinaí; Cobertura y Localización El 30 de octubre de 2013, la Asamblea Nacional expide la Ley Reformatoria a la Ley de Legalización y Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de Predios que se encuentran en la circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondon y el Triunfo, conocida como Ley 88. Esta Ley establece que se debe legalizar la tenencia de lotes de los moradores que se asentaron antes del 28 de diciembre de 2010, es decir, la fecha de expedición del Decreto Ejecutivo No. 607. Esta Ley delimita un polígono de 743 Hectáreas en Monte Sinaí, en el extremo oeste del Distrito 8 de Guayaquil. El límite norte del Polígono de la Ley 88 coincide con el límite sur del polígono del Decreto Ejecutivo No. 607. El área de intervención está definida dentro del Polígono de la Ley 88 denominado Monte Sinaí, en una extensión de 179.8617 Ha, en las cuales se desarrollarán proyectos urbanísticos a favor de moradores y posesionarios de predios en este sector”.

Además el informe detalla que el total de predios requeridos para la ejecución de los programas de vivienda de interés social son 12 inmuebles con los siguientes CÓDIGOS CATASTRALES: “4685; 52172;11290; 11291; 11292; 14561; 13430; 13851; 13137; 13423; 13428; 13429”; y, solicita a la Directora Provincial lo siguiente:

“SOLICITUD. Por lo expuesto de acuerdo con la “Ley reformatoria a la Ley de legalización de la tenencia de tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro del circunscripción territorial de los cantones, Guayaquil, Samborondon y El Triunfo, se solicita proceda a la declaración de utilidad pública de los predios mencionados en el presente informe con la finalidad de desarrollar proyectos urbanísticos que permitan a las familias que habitan en el sector una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida”.

Que, en el memorando No. MIDUVI-PNDU-2015-0189- M, de 18 de mayo de 2015, presenta los siguientes argumentos para que se declare de utilidad pública dichos inmuebles:

“Predio por declarar de utilidad pública en Monte Sinaí, Programa de Desarrollo Urbano:

2.2.- Identificación, descripción y diagnóstico del problema: Altos índices de pobreza; Dificultades de accesibilidad y movilidad; Inexistencia de grandes equipamientos; Altos índices de delincuencia y percepción de inseguridad; Déficit de infraestructura y servicios públicos;

2.3 Ley de Legalización de tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de Predios: El Gobierno Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad de garantizar el crecimiento planificado, el desarrollo de la ciudad y su áreas urbanas marginales; específicamente a fin de mitigar los riesgos que ocasionan las invasiones a predios destinados a ordenamiento territorial y dotación de equipamiento urbano, se requiere la declaración de utilidad pública de estos predios en Monte Sinaí, del sector Noroeste de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas.

De acuerdo a la “LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRAS A FAVOR DE LOS MORADORES Y POSESIONARIOS DE PREDIOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE LOS COASNTONES GUAYAQUIL, SAMBORONDON Y EL TRIUNFO, considera: “Que, el derecho al acceso a la propiedad consagrado en la Constitución se lo hará efectivo con la adopción de políticas pública, para lo cual el artículo 323, faculta “con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social, nacional podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley”

Además en el Art. 1.- literal d, establece que: Los predios declarados de utilidad pública o interés social y los predios que pertenecientes a entidades del Gobierno Central no estarán sujetos a expropiación por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sin embargo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, podrá destinarlos a planes y proyectos habitacionales de interés social, adjudicar y transferir la propiedad exclusivamente a los posesionarios de los predios mencionados en este artículo, que cumplan con las disposiciones de esta Ley”.

“En esta línea el MIDUVI desarrollará acciones sobre todo el noroeste de Guayaquil, del Distrito 8 tendientes a: “Promover proyectos de vivienda de interés social, acorde a las características socioeconómicas de las familias que habitan en la zona”. Desarrollar proyectos de ordenamiento urbano, regularización y mejoramiento de infraestructura básica, servicios públicos y vivienda social en el perímetro determinado por la Ley 88. En este contexto el MIDUVI, trabaja en estrecha coordinación con otros Ministerios y el GAD Municipal desarrollando proyectos de urbanización orientados a la legalización de la tenencia de tierras, a la dotación de servicios básicos y a la construcción de equipamiento y áreas verdes de vital importancia para el noroeste de Guayaquil. En concreto, se cuenta con un proyecto de urbanización de 190 hectáreas, un proyecto de parque lineal de 300 hectáreas, la plataforma gubernamental para el Distrito 8 y proyectos de vivienda social”.

Que, mediante memorando No. MIDUVI-DPMG-2015-0931-M, de 26 de mayo de 2015, la Directora Provincial del MIDUVI – Guayas, solicita a la señora Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, autorice realizar la declaratoria de utilidad pública de los predios ubicados en Monte Sinaí, e iniciar el procedo transferencia de dominio de los predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo, para lo cual remite el informe técnico emitido mediante memorando No. MIDUVI- PNDU-2015-0189-M del 18 de mayo de 2015, por el señor Gerente del Proyecto PNDU-MONTE SINAI, Arq. Fernando Jara, en el cual establece que los predios que se requiere declarar de utilidad pública son los siguientes: CÓDIGOS CATASTRALES NUMEROS: “4685; 52172;11290; 11291; 11292; 14561; 13430; 13851; 13137; 13423; 13428; 13429”.

Que, mediante sumilla inserta en el requerimiento presentado por la Dirección Provincial del MIDUVI Guayas, contenido en el memorando No. MIDUVI- DPMG-2015-0931-M, de 26 de mayo de 2015, la señora Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, autoriza se proceda con el trámite de declaración de utilidad pública de los inmuebles que constan en el informe presentado con memorando No. MIDUVI-PNDU-2015-0189-M del 18 de mayo de 2015, por el señor Gerente del Proyecto PNDU-MONTE SINAI y se elabore la resolución respectiva.

Que, mediante memorando No. MIDUVI-DPMGF-2015-0330-M, de 26 de mayo de 2015, la Ing. Rosa Esperanza Alfonso Orrala, Analista Financiero Provincial 1, de la Dirección Provincial del MIDUVI – Guayas, emite la certificación presupuestaria y establece que: “existe una asignación en el Programa 56. Proyecto 0058 (ítem

840301), Fuente Financiamiento 001: PROYECTO “INTERVENCIONES URBANAS INTEGRALES”, desconcentración de recursos de inversión, para iniciar el proceso de transferencia de dominio de los predios detallados en Memorando No. MIDUVI-DPMG-2015-

0877-M”, conforme al siguiente detalle:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 154 de la Constitución Política de la República del Ecuador, el Art. 17, del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: