Resolución 11A-2018 Declárese como máxima prioridad el tratamiento pre procesal y procesal por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos en cualquier tiempo en contra de niñas, niños y adolescentes

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:”...nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia...”;

Que el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial...”;

Que los numerales 3, 8 y 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe:”... 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación (...); 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas pública (...); 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución...”;

Que en el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, prevé: "Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”;

Que el inciso 2 del artículo 42 de la Constitución de la República del Ecuador, señala:”...Las niñas, niños, adolescentes, (...) recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada...";Que el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona: "El Estdo, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”;

Que que el inciso 2 del artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar...";

Que el numeral 4 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.

Las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes serán imprescriptibles”;

Que el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas: "Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual";

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley";

Que el artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: "La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los

delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley";

Que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, refrenda el principio de seguridad jurídica que se fundamenta en:”... el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”;

Que el numeral 5 del artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: (...) 5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente señalados en la ley...”;

Que el artículo 175 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores.";

Que los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador, determinan: "Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. (...); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que el inciso 2 del artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”;

Que el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, declara: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”;

Que el primer inciso del artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce: "Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias...”;

Que la decisión popular de 4 de febrero de 2018, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 181, de 15 de febrero de 2018, aprueba:”...enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4”;

Que en resolución de 13 de septiembre de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, discutió y aprobó la aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes y demandó:”...a los órganos de control de la Función Judicial, emprender acciones sancionatorias en el ámbito administrativo y judicial respectivamente, en contra de los funcionarios públicos de las instituciones del Estado que actuaron de forma negligente en la investigación, juzgamiento y sanción de estos casos.”;

Que en el Informe 136-99, de 22 de diciembre de 1999, dentro del caso Ignacio Ellacuría y otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que:”... el derecho a la verdad surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado parte (...), puesto que el desconocimiento de los hechos relacionados con las violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables...”;

Que el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina:”... los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios...”;

Que el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: "La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición departe, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario”;

Que el artículo 22 del Código Orgánico de la Función Judicial, prescribe: "Principio de acceso a la justicia.- Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura, en coordinación con los organismos de la Función Judicial, establecerá las medidas para superar las barreras estructurales de índole jurídica, económica, social, generacional, de género, cultural, geográfica, o de cualquier naturaleza que sea discriminatoria e impida la igualdad de acceso y de oportunidades de defensa en el proceso.";

Que el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial, indica: "En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen

dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad";

Que el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: "El Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, que comprende; órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos...”;

Que el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: "10. Expedir (...) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial";

Que la Corte Constitucional, dentro del caso 1105-13-EP, en sus argumentos explicativos, reconoce que la figura jurídica de la prescripción en materia penal, no es de carácter absoluta y encuentra sus excepciones en la propia Constitución y en la Ley penal. Es decir, en estos casos, en donde el derecho de las víctimas, entre estos el derecho a la verdad y a la tutela judicial efectiva, se sobrepone a las garantías del debido proceso y a las normas adjetivas penales -prescripción- puesto que, dado el contexto en el que se cometen estas infracciones, su relevancia y gravedad, resulta necesario que el proceso concluya con una sentencia que en definitiva se pronuncie sobre el fondo del asunto controvertido;

Que de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Educación se han detectado 4.854 denuncias de casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes dentro del período 2015-2017, mientras que la Fiscalía General del Estado ha recibido 7.531 denuncias por casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, dentro del mismo período referido;

Que según la investigación realizada por María Belén Arroyo, la iglesia católica ha separado, al menos a 848 sacerdotes, en los últimos 11 años, por estar inmersos en delitos sexuales;

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 13 de junio del 2012, mediante Resolución 069-2012, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 746 de 16 de julio de 2012, resolvió:”...Declarar de máxima prioridad, a todos los procesos que por delitos contra la libertad e indemnidad sexual se siguen en los juzgados y unidades judiciales de garantías penales de todo el país, especialmente, los cometidos contra niñas, niños y adolescentes y personas en condiciones de vulnerabilidad...”;

Que la sociedad ecuatoriana exigió a las instituciones estatales emprender y ejecutar acciones para garantizar espacios educativos libres de violencia y reducir los históricos niveles de impunidad;

Registro Oficial N° 398 Jueves 3 de enero de 2019 - 47

Que mediante Memorando CJ-DNASJ-2018-0630-M, de 22 de noviembre de 2018, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el proyecto de resolución para: "DECLARAR DE MÁXIMA PRIORIDAD EL TRATAMIENTO PRE PROCESAL Y PROCESAL POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA COMETIDOS EN CONTRA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES."; y, solicita se emita un informe de procedencia jurídica a fin de que sea conocida por el Pleno del Consejo de la Judicatura.

Que el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2018-4389, de 27 de noviembre de 2018, suscrito la Dirección General, quien remite el Memorando circular CJ-DNJ-2018-0260-MC, de 26 de noviembre de 2018, suscrito la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución para: "DECLARAR COMO MÁXIMA PRIORIDAD EL TRATAMIENTO PRE PROCESAL Y PROCESAL POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA COMETIDOS EN CONTRA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.”;

Que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio con base en sus competencias derivadas del mandato que le confió el pueblo ecuatoriano en la Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, mediante Resolución PLE-CPCCS-T-E-048-14-06-2018, de 14 de junio de 2018, resolvió designar a los señores y señoras: doctor Marcelo Merlo Jaramillo, abogada Zobeida Aragundi, doctor Aquiles Rigail, doctora Angélica Porras y doctor Juan Pablo Albán como vocales encargados del Consejo de la Judicatura, será presidido por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,