Resolución 199-2015 Refórmense las resoluciones 139-2013 de 23 de septiembre de 2013; y, 147-2014 de 15 de agosto de 2014

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: “El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial…”;

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”;

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador determinan: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (…); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “(…) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios…”;

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado…”;

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario…”;

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: “Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.”;

Que, el último inciso del artículo 157 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “La competencia de las juezas y jueces, de las cortes provinciales y demás tribunales, en razón del territorio, será determinada por el Consejo de la Judicatura, previo informe técnico de la Unidad de Recursos Humanos. Será revisada por lo menos cada cuatro años.”;

Que, el artículo 171 del Código Orgánico de la Función Judicial indica: “En atención a las necesidades del servicio de administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer que a una misma unidad judicial se asignen dos o más jueces de la misma o distinta materia. Las servidoras y servidores que integran la unidad judicial prestarán su contingente por igual a todas las juezas y todos los jueces asignados a dicha unidad.”;

Que, los literales a) y b) del numeral 8 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinan que de acuerdo a las necesidades del servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “a) Crear, modificar o suprimir salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados de primer nivel y juzgados de paz; así como también establecer el número de jueces necesarios previo el informe técnico correspondiente;

y, b) Establecer o modificar la sede, modelo de gestión y precisar la competencia en que actuarán las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo y tributarios juezas y jueces de primer nivel...”;

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 23 de septiembre de 2013, mediante Resolución 139-2013, publicada en el Registro Oficial No. 395, de 12 de diciembre de 2014, resolvió: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN SAQUISILÍ DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI”;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 15 de agosto de 2014, mediante Resolución 147-2014, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 323, de 1 de septiembre de 2014, resolvió: “CREAR LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LATACUNGA DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI”;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 18 de mayo de 2015, mediante Resolución 134-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 532, de 29 de junio de 2015, resolvió: “REFORMAR LAS RESOLUCIONES 094-2013 DE 14 DE AGOSTO DE 2013; Y, 275-2014 DE 28 DE OCTUBRE DE 2014”;

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2015-361, de 28 de abril de 2015, suscrito por el abogado Fabrizio Zavala Celi, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, pone en conocimiento de la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General el: “PLAN DE COBERTURA JUDICIAL 2015”;

Que, mediante Memorando CJ-DNDMCSJ-2015-622, de 25 de junio de 2015, suscrito por el abogado Esteban Morales Moncayo, Director Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial, remite a la magister Nathalia Novillo Raimex, Directora Nacional de Planificación el: “INFORME DE PLAN DE COBERTURA DEL CANTÓN SAQUISILÍ”;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conoció el Memorando CJ-DG-2015-3884, de 10 de julio de 2015, suscrito por la economista Andrea Bravo Mogro, Directora General, quien remite el Memorando CJ-DNJ- SNA-2015-594, de 8 de julio de 2015, suscrito por la doctora Fernanda Chiriboga Arico, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (s), que contiene el proyecto de resolución para: “Reformar la Resolución 139-2013, de 23 de septiembre de 2013, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura, creó la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Saquisilí; y la Resolución 147-2014 de 15 de agosto de 2014, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura creó la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Latacunga”; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,