Resolución Dispónese que hasta que sean designados y entren en funciones los jueces de garantías penitenciarias, seguirá correspondiendo al Director Nacional de Rehabilitación Social el otorgamiento de las rebajas de pena para las PPL con sentencia

Que el numeral 3 del artículo 203 de la Constitución de la República señala que los jueces y juezas de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones;

Que el numeral 3 del artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial señala como competencia de los Jueces y Juezas de Garantías Penitenciarias: “Conocer y sustanciar los procesos relativos a rebaja de pena, libertad controlada, conmutación, régimen de cumplimiento de penas y medidas de seguridad y cualquier otra modificación de las condenas impuestas por la comisión de delitos. Supervisar el régimen penitenciario, el otorgamiento de libertad condicionada, prelibertad y medidas de seguridad de los condenados.”;

Que el artículo 201 de la Constitución de la República preceptúa el derecho de los privados de la libertad a su rehabilitación y su correspondiente reincorporación social;

Que pese a que la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial, establecen la existencia de los jueces y juezas de garantías penitenciarias, otorgándoles competencias y facultades claramente estipuladas, dichas competencias no pueden ser ejercidas debido a que hasta el momento no han sido implementados los mencionados jueces y juezas por parte del Consejo de la Judicatura, lo que en la práctica ocasiona un problema grave en el otorgamiento de estos beneficios a las personas privadas de libertad;

Que el artículo 11, numeral 3 de la Constitución prescribe: “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos será de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público o judicial, de oficio o a petición de parte… Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”;

Que por lo tanto es necesario determinar quien debe conceder las rebajas de pena, la prelibertad y la libertad controlada a los sentenciados que cumplen la condena de privación de libertad en el Ecuador; y,

En uso de la facultad que le concede el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función Judicial en concordancia con el numeral 6 del artículo 180 del Código Orgánico de la Función Judicial,