Resolución FGE-2014 106 Confórmese la Unidad Antilavado de Activos

Que, el delito de lavado de activos en el momento actual representa para el orden mundial uno de los más grandes flagelos pues no sólo se trata de la inyección de capital ilegal en la economía formal y legal sino que, a través de las actividades que desarrollan sus tenedores, puede darse un apoderamiento de los gobiernos legítimamente establecidos.

Que, en el Ecuador se viene detectando un incremento de la delincuencia organizada que mantiene circulando grandes cantidades de dinero, especialmente en efectivo, provenientes del narcotráfico, corrupción, tráfico de armas, contrabando, tráfico de órganos humanos, entre otros delitos, lo que genera un problema muy serio para la justicia, que debe actuar eficientemente para evitar que estos capitales de origen delincuencial sigan convirtiéndose en bienes y servicios e integrándose al sistema financiero nacional de forma irregular y así poder sancionarlos.

Que, el Art. 425, inciso primero, de la Constitución de la República señala el orden jerárquico de aplicación de las normas y los tratados y convenios internacionales y éstos tan sólo están subordinados a la norma suprema.

Que, el Estado ecuatoriano, el 13 de diciembre de 2000, suscribió la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL, Palermo 2000; y la ratificó el 17 de septiembre de 2002, designando a la Fiscalía General del Estado como la autoridad central para el cumplimiento de la Convención, designación que está depositada en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Que, el artículo 195 de la Constitución de la República establece: “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal.

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”.

Que, el ejercicio de la acción penal es público y privado y el ejercicio público de la acción corresponde a la Fiscalía sin necesidad de denuncia previa, conforme lo establece el inciso segundo del Art. 410 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.

Que, con la expedición del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, publicado en el Registro Oficial-S-180, de 10 de febrero de 2014, quedaron derogados los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DE DELITOS. Que además, en el Art. 317, se tipifica el lavado de activos y se establecen las penas a las personas que en forma directa o indirecta participen en la comisión de los delitos que en el artículo invocado se describen.

Que, la LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DE DELITOS tiene como finalidad y objetivos los que señala su Art. 1: “Esta Ley tiene por finalidad prevenir, detectar oportunamente, sancionar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos, en sus diferentes modalidades. Para el efecto, son objetivos de esta Ley los siguientes:

1. Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de delitos, o constituyan instrumentos de ellos, para la aplicación de las sanciones correspondientes;
2. Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades mencionadas en el literal anterior, o su tentativa; la organización de sociedades o empresas que tengan este propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles, para la aplicación de las sanciones correspondientes;
3. Decomisar, en beneficio del Estado, los activos de origen ilícito; y,
4. Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de los delitos mencionados en esta Ley, que fueren cometidas en territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior”.

Que, la LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, en el artículo 6, determina que el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos está integrado por el Directorio y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Que, el artículo 7, inciso primero, señala que el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos estará conformado por:

1. La Procuradora o Procurador General del Estado o su delegada o delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;
2. La o el Fiscal General del Estado o su delegada o delegado;
3. La Superintendenta o Superintendente de Bancos y Seguros o su delegada o delegado;
4. La Superintendenta o Superintendente de Compañías o su delegada o delegado;
5. La Directora o Director General del Servicio de Rentas o su delegada o delegado;
6. La Gerenta o Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana o su delegado o delegado; y,
7. La o el Ministro del Interior o su delegada o delegado. Que, la DISPOSICIÓN GENERAL QUINTA de la LEY

DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS dice: “Cada una de las instituciones que integran el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, conformará su respectiva Unidad Antilavado, que deberá reportar, con la reserva del caso, a la Unidad de Análisis (UAF) las operaciones y transacciones inusuales e injustificadas de las cuales tuviere conocimiento. Dichas unidades antilavado deberán coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación e intercambio de información con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de ejecutar acciones conjuntas rápidas y eficientes para combatir el delito”.

Que, el artículo 284 del Código Orgánico de la Función Judicial, en su numeral 3), contempla la competencia que tiene el Fiscal General del Estado para: “Expedir, mediante resolución, reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento se requiera para funcionar eficientemente”.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,