Resolución INMOBILIAR-DGSGI-2020-0007 Expídese el Instructivo para la transferencia de dominio a título gratuito de los bienes inmuebles de todas las entidades, instituciones y órganos que forman la administración pública central a favor de

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República    del Ecuador establece que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad  estatal  ejercerán  solamente  las  competencias  y facultades que les sean atribuidas en la Constitución      y la ley. Tendrán  el  deber  de  coordinar  acciones  para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República    del Ecuador manifiesta que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por    los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, el artículo 58.8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación  Pública  establece  que:  “Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad pública o interés social ni, en el caso de donación de insinuación judicial. Se la  podrá  realizar  por  compraventa,  permuta,   donación,   compensación  de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o de activos. (…)”;

Que, la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 en su artículo 5 respecto a la exención de tributos  y otros pagos, señala: “La terminación y liquidación de   los contratos de fideicomisos estarán exentas del pago de todo tipo de tributos y del pago de honorarios por concepto de restitución de los inmuebles. También estarán exentas del pago de aranceles y tributos la transferencia de los  activos al MAGAP, INMOBILIAR y a otras entidades del Sector Público. Los  tributos  y  expensas  causados  que  se adeuden por los activos a los que se refiere esta Ley, serán calculados sin intereses y serán registrados en el déficit patrimonial a cargo de las instituciones financieras extintas. El Banco Central del Ecuador, INMOBILIAR y   el MAGAP quedarán exentos del pago de los impuestos, tasas, contribuciones, multas y expensas causados que se adeudaren al momento de la transferencia de los activos a los que se refiere esta Ley.”;

Que, La  Disposición  General  Cuarta  de  la  Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, señala: “Cuando exista conflicto entre la normativa emitida por la Contraloría General del Estado  y la normativa interna expedida por las instituciones para el ejercicio de sus competencias o para la gestión de sus procesos internos, prevalecerá esta última.”;

Que, el Código Civil Ecuatoriano señala en su Art. 1402: “La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta.”;

Que, El Código Orgánico Monetario y Financiero  aprobado por la Asamblea Nacional y Publicado en el Registro Oficial N° 332 de 12 de septiembre de 2014, en   la Disposición Transitoria Vigésima  Segunda,  contiene  las disposiciones para la salida de mercado y liquidación del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el numeral 1 de dicha disposición establece: “1. Los bienes inmuebles de propiedad de esta  entidad,  serán  transferidos  al  valor en libros al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR o a la secretaria de Estado  a  cargo de la Vivienda. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del  Sector  Público  INMOBILIAR,   queda   facultado para sanear, regularizar y adoptar todas las acciones necesarias para resolver las afectaciones de los bienes inmuebles que le sean transferidos, y disponer de los mismos de acuerdo la Ley (…)”;

Que, el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo manifiesta: “Administración Pública Central. El  Presidente de la República es responsable de la administración pública central que comprende:

1. La Presidencia y Vicepresidencia de la República
2. Los ministerios de Estado
3. Las entidades adscritas o dependientes
4. Las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados, en la mitad o más, por  delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entidades que integran la administración pública central.

En ejercicio de la potestad de organización, la o el Presidente de la República puede crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la administración pública central, cualquiera sea su origen,  mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción  o dependencia”.

Que, el artículo 2 del Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función  Ejecutiva,  Erjafe  establece: “Este estatuto es aplicable principalmente a la Función Ejecutiva. Para sus efectos, la Función Ejecutiva comprende:

1. La Presidencia y la Vicepresidencia de la República y los órganos dependientes o adscritos a ellas
2. Los Ministerios de Estado y los órganos dependientes   o adscritos a ellos;
3. Las personas jurídicas del sector público adscritas a    la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia de la República o a los ministerios de Estado; y,

ch) Las personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de dirección estén integrados en la mitad    o más por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores que integran la Administración Pública Central.

Los órganos comprendidos en los literales a) y b) conforman la Administración Pública Central y las personas jurídicas del sector público señaladas en los demás literales conforman la Administración Pública Institucional de la Función Ejecutiva.

La  organización,  funcionamiento  y  procedimiento   de las otras administraciones públicas; de las Funciones Legislativa, Judicial y Electoral; y, en general de aquellas entidades y órganos que no integran ni dependen de la Función Ejecutiva se regulan por sus leyes y reglamentos especiales.

En cualquier caso en aquellas materias no reguladas por leyes y reglamentos especiales, las personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de dirección  estén integrados por delegados o representantes de la Función Ejecutiva, podrán aplicar, de  forma  supletoria las disposiciones del presente estatuto”.

Que, el artículo 8 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva señala que:

“Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad propia y en sus relaciones recíprocas, deberán respetar las competencias  de  las  otras Administraciones y prestar, en su propia competencia, la cooperación que las demás recabaren para el cumplimiento de sus fines.”;

Que, el artículo 61 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública expresa: “(...) para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público que lleguen    a un acuerdo para el efecto, se requerirá resolución motivada de las máximas autoridades.”;

Que, el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes  e  Inventarios  del  Sector  Público,  emitido  por   la  Contraloría  General  del  Estado   mediante  Acuerdo N° 67 de 30 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 388 de 14 de diciembre   de 2018, señala lo siguiente: “Art. 4.- Reglamentación interna.- Corresponderá a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento, implementar su propia normativa para la recepción, registro, identificación, almacenamiento, distribución, custodia,  uso,  control,  egreso  o  baja  de  los  bienes   del Estado, sin contravenir las disposiciones de este instrumento.”;

Que, el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, emitido por la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo N° 67 de 30 de noviembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 388 de 14 de diciembre de 2018, en su artículo 77 señala: “Actos de transferencia de dominio de los bienes. - Entre las entidades u organismos señalados  en el artículo 1 del presente Reglamento o éstas con Instituciones del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia sin fines de lucro se podrá efectuar, principalmente, los siguientes actos de transferencia de dominio de bienes: remate, compraventa, trasferencia gratuita, donación, permuta y chatarrización.”;

Que, el Decreto Ejecutivo N° 135 emitido el 1 de septiembre de 2017 en su artículo 30 señala: “Enajenación o transferencia de activos inmuebles improductivos.- Para el caso de la Función Ejecutiva, se dispone la enajenación o transferencia a título gratuito de los activos inmuebles productivos de las entidades a la Secretaría (sic) de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; incluyendo, aquellos bienes inmuebles localizados fuera del territorio nacional”;

Que, el Decreto Ejecutivo N° 503, de 12 de septiembre     de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 335 de 26 de septiembre de 2018, dispuso en su artículo 2 lo siguiente: “El ámbito de acción del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de:  los  bienes  inmuebles  y  muebles  que  le sean transferidos; aquellos que la entidad reciba en cumplimiento de disposiciones normativas u órdenes judiciales, y; de los bienes muebles e inmuebles urbanos  de las siguientes entidades:

1. Las instituciones de la Administración  Pública Central, entidades, organismos dependientes o adscritos a la Función Ejecutiva, así como, entidades creadas por acto de poder público de éstas.
2. Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva, así como las empresas en las que el Estado posea participación accionaria mayoritaria.
3. Además, podrá intervenir respecto a: inmuebles rurales, siempre y cuando no hayan  estado  o  no  estén destinados  a  actividades  agrícolas  y  no  fueren requeridos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y; bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado y de los que integran el patrimonio cultural, natural  y  las  áreas  protegidas  a  petición  expresa  de  las  máximas   autoridades  que  ejerzan  la  titularidad  de  dominio  de  acuerdo   a las condiciones establecidas en este decreto y el ordenamiento jurídico.

Podrá además participar y realizar gestiones dentro de    su ámbito, previo requerimiento formal de los siguientes organismos:  Gobiernos  Autónomos   Descentralizados, las  personas  jurídicas  creadas   por   acto   normativo   de  los  Gobiernos   Autónomos   Descentralizados   para  la prestación de servicios públicos; organismos y dependencias de las funciones Legislativa, Judicial, Electoral  y  de  Transparencia  y   Control   Social,   y;  las instituciones financieras públicas, instituciones financieras en saneamiento y liquidación”.

Que, el Decreto Ejecutivo N° 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 335 de 26 de septiembre de 2018, dispuso en su artículo 3 lo siguiente: “El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, tendrá un Comité encargado de coordinar la política intersectorial de gestión de muebles   e inmuebles, y estará integrado por: 1. El Secretario General de la Presidencia o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente; 2. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo  o  su  delegado  permanente,  y; 3. El  Ministro  de  Desarrollo  Urbano  y  Vivienda  o  su delegado permanente. Actuará como Secretario del Comité el/la Director/a General/a de INMOBILIAR, quien intervendrá con voz pero sin voto.”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 503, de 12 de septiembre de 2018 el Presidente de la República, dispuso en su artículo 4 lo siguiente: “Son funciones del Comité de INMOBILIAR las siguientes: (…) 3. Dictar las normas, regulaciones o políticas de gestión de muebles e inmuebles que deben aplicar las entidades del sector público, (…)”;

Que, el Decreto Ejecutivo N° 503, de 12 de septiembre de 2018, publicado en el Registro Oficial Suplemento N° 335 de 26 de septiembre de 2018, en el numeral 8 del artículo 6  establece  que  el  Servicio  de  Gestión  Inmobiliaria  del Sector Público, entre sus atribuciones tiene la de: “Gestionar los requerimientos de inmuebles, así como recibir la transferencia de dominio a título gratuito de las entidades detalladas en el artículo 2 de este decreto.”;

Que, el Decreto Ejecutivo N° 503, de 12 de septiembre     de 2018, publicado en  el  Registro  Oficial  Suplemento  N° 335 de  26  de  septiembre  de  2018,  en  el  numeral  18 del artículo 6 establece que el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, entre sus atribuciones tiene la de: “Autorizar, suscribir y/o celebrar los actos,  convenios,  contratos   y   demás   instrumentos,   jurídicos y administrativos que fueren necesarios, incluyendo la gestión de transferencia de dominio de bienes inmuebles, de  forma  directa  mediante   resolución   administrativa de la máxima autoridad de INMOBILIAR a favor de terceros, o del propio Servicio de  Gestión  Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, relacionados con los bienes inmuebles que estando  contabilizados  y  en  uso  de diversas instituciones de la Administración Pública Central y dependencias de la Función Ejecutiva, se encuentren registrados a nombre del Gobierno Nacional  en los Registros de la Propiedad respectivos.”;

Que, la Disposición Transitoria Segunda del Decreto Ejecutivo N° 503, de  12  de  septiembre  de  2018  dispone: “SEGUNDA.- Todos los órganos que forman la Administración Pública Central de conformidad con el artículo 2, numerales 1 y 2 de este decreto, traspasarán     a título gratuito al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, el dominio de todos los bienes inmuebles que sean de su propiedad, incluyendo aquellos localizados fuera del territorio nacional y que no estén siendo utilizados en sus actividades principales, en un plazo no mayor de noventa días desde la expedición del presente decreto, con excepción de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado, los bienes que integran el patrimonio cultural y natural y áreas protegidas; y, las instalaciones e infraestructura deportiva y recreacional con que cuentan los diversos órganos de    la Administración Pública Central. Para la transferencia de dominio se estará a lo señalado en el Reglamento que dicte para el efecto el Comité del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.”;

Que, el ACUERDO-COMITÉ-INMOBILIAR-2019-0003,emitido el 22 de noviembre de 2019, en su artículo 6 establece que: “Corresponde al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, ÍNMOBILIAR emitir los lineamientos y directrices internas para el proceso de recepción y registro de los bienes inmuebles transferidos  a su favor.”;

Que, la Disposición Transitoria Única del ACUERDO ibídem expresa: “Se autoriza al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOB1LIAR, para expedir, en el plazo de 90 días, la normativa que regulará el procedimiento para la transferencia de dominio a título gratuito de los bienes inmuebles de todas las entidades, instituciones, y órganos que forman la administración pública central a favor del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar.”;

Que, es necesario emitir un Instructivo que permita viabilizar la transferencia de  dominio  a  título  gratuito  por parte de todas las entidades, instituciones, y órganos que forman la Administración Pública Central a favor de INMOBILIAR;

En ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas  en la Constitución y Leyes vigentes de la República del  Ecuador.