Resolución No. 002-2020-DG-NT-SENADI Expídese la Norma técnica de control de formatos para la presentación de información por parte de las entidades parte de la gestión colectiva

Que, el artículo 22 de  la  Constitución  de  la  República del Ecuador prescribe: “Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría”.

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República    del Ecuador contempla: “Las instituciones  del  Estado,  sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador manda: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 322 señala: “Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley (…)”.

Que, de conformidad con lo  dispuesto  en  la  Decisión  351 de la Comunidad Andina de Naciones que establece   el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, en el capítulo XI, el artículo 43 dispone que: “Las sociedades de gestión colectiva de derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidos a la inspección y vigilancia por parte del Estado (…)”.

Que, mediante Registro Oficial Suplemento No. 899 de 09 de diciembre de 2016, se publicó el Código Orgánico de   la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el cual establece la normativa que regula a las Sociedades de Gestión Colectiva.

Que, el artículo 10 inciso primero del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, establece que la Autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales: “Es el organismo técnico adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento.”

Que, el artículo 242 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece que: “Los estatutos de las sociedades de gestión colectiva serán aprobados por la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, que también autorizará su funcionamiento. Además, dichas sociedades estarán sujetas al monitoreo, control e intervención de la mencionada autoridad (…)”.

Que, de conformidad con el Artículo 248 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación: “Los miembros del Consejo Directivo, del Comité de Monitoreo y el Director General, al momento de asumir sus cargos y cada dos años, deberán presentar a la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales una declaración juramentada de no estar comprendidos en ninguna de las incompatibilidades que se establecen en este capítulo junto con una declaración juramentada de bienes y rentas”.

Que, el artículo 254 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación dispone que: “Al momento del reparto de las recaudaciones, las sociedades de gestión colectiva deberán suministrar información  suficiente  que  permita  entender   al   socio la forma mediante la cual se procedió a la liquidación respectiva. El suministro de información será individual para cada socio mediante el formato que, para el efecto, autorice la autoridad  nacional  competente  en  materia  de derechos intelectuales a cada sociedad de gestión colectiva”.

Que, el artículo 20 del Código Orgánico Administrativo, faculta a las autoridades de la administración pública a emplear el principio de juridicidad mediante la declaración de actos normativos en ejercicio de sus funciones, así se dispone lo siguiente: “Los órganos que conforman el sector público y entidades públicas competentes velarán por el respeto del principio de juridicidad, sin que esta actividad implique afectación o menoscabo en el ejercicio de las competencias asignadas a los órganos y entidades a cargo de los asuntos sometidos a control (…)”.

Que, el artículo 89 del Código Orgánico Administrativo sobre las Actividades de las Administraciones Públicas, determina: “(…) Las actuaciones administrativas son: “1. Acto administrativo 2. Acto de simple administración 3. Contrato administrativo 4. Hecho administrativo 5. Acto normativo de carácter administrativo. Las administraciones públicas pueden, excepcionalmente, emplear instrumentos de derecho privado, para el ejercicio de sus competencias.”;

Que, el artículo 77 literal e) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala que las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad y establece para estas, entre otras atribuciones     y obligaciones específicas la de: “(…) e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones; (…)”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 356 publicado en Suplemento al Registro Oficial No.224 del 18 de abril de 2018, se creó el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), como la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.

Que, la Disposición General Única del Decreto Ejecutivo No.356 ibídem establece que: “Todas las demás competencias, atribuciones, funciones, representaciones, delegaciones, responsabilidades, patrimonio y presupuesto, así como los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos, y otros instrumentos jurídicos, incluyendo las de orden laboral, que hasta el momento     le corresponden al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, serán asumidos por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales”. Así mismo, de conformidad con la Disposición Transitoria Tercera del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el SENADI es el sucesor en derecho del extinto Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del referido  Decreto Ejecutivo establece que: “La estructura orgánica del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual funcionará hasta que la estructura orgánica del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales sea aprobada, facultándole al Director General realizar las gestiones necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio”.

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. SENESCYT-2018-039 de 18 de mayo de 2018, se designó al Magíster. Santiago Cevallos Mena como Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales;

Que, es indispensable establecer una normativa, que garantice el fortalecimiento de la seguridad jurídica, la reducción de la dispersión  normativa,  la  simplificación  de trámites, la observancia de los principios que regulan    la administración pública, y el aseguramiento del debido proceso; mediante la definición de reglas claras sobre la actividad que ejercen las sociedades de gestión colectiva, debidamente autorizadas en el Ecuador;

Que, mediante Memorando Nro. SENADI-GSOCG-2019- 0002-M de fecha 23 de diciembre de 2019, la Abg. Vanessa Fernanda  Bastidas  Villegas,  en  calidad   de   Delegada del Director Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, solicitó que se instrumente a través de una resolución una norma técnica de control sobre formatos para la presentación de información por parte de las Entidades parte de la gestión colectiva;

Que, mediante Memorando N° SENADI-UGAJ-2020- 0002-M de fecha 6 de enero de 2020, la Unidad de Gestión de  Asesoría  Jurídica,  remitió  a  la  Dirección  General   el proyecto de resolución que contiene el mencionado instrumento toda vez que es viable; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 3 numeral 12 y 5 del Decreto Ejecutivo No. 356 publicado en Suplemento al Registro Oficial No.224 del 18 de abril de 2018,