Resolución SNTG-001-2011 Deléganse atribuciones administrativas a Raúl González Vásconez, Subsecretario General de Transparencia de Gestión

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1511 de 29 de diciembre del 2008, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, se ratifica la declaratoria como política de Estado la lucha contra la corrupción en la Administración Pública, y se crea la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, dotada de personalidad jurídica de derecho público, adscrita a la Presidencia de la República, pero con gestión administrativa desconcentrada, entidad con ámbito de acción nacional sobre las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, inclusive en las instituciones autónomas que formen parte de ellas y de aquellas en las que las referidas administraciones sean accionistas o socias. Adicionalmente, mediante Decreto Ejecutivo No. 24 de 26 de agosto del 2009, se amplió las atribuciones de esta Secretaría de Estado a las demás instituciones del sector público y las corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y empresas públicas en las que el Estado tenga participación mayoritaria;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 311 de 5 de abril del 2010, el economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 9 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, nombra al Secretario Nacional de Transparencia de Gestión al master Juan Sebastián Roldán Proaño;

Que, la Constitución de la República en el artículo 154 numeral 1 dispone que los ministros de Estado se encuentran facultados para expedir normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión ministerial;

Que, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 72 de 21 de septiembre del 2010, expedido mediante Resolución SNTG-109-2010, en su artículo 13 numeral 1.1 literal b) subnumerales 4 y 8, establece dentro de las atribuciones y responsabilidades del Secretario Nacional de Transparencia de Gestión, expedir las resoluciones, dentro del ámbito de su competencia, que se requieran para normar la gestión institucional y otorgar poderes y delegaciones a favor de funcionarios de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, cuando por necesidad institucional así lo requiera;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva en su artículo 17 manifiesta que los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministros sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en las leyes especiales.

Los ministros de Estado, dentro de la esfera de su competencia, podrán delegar sus atribuciones y deberes al funcionario inferior jerárquico de sus respectivos ministerios cuando se ausenten en comisión de servicios al exterior o cuando lo estimen conveniente, siempre y cuando las delegaciones que concedan no afecten a la buena marcha del Despacho Ministerial, todo ello sin perjuicio de las funciones, atribuciones y obligaciones que de acuerdo con las leyes y reglamentos tenga el funcionario delegado.

Las delegaciones ministeriales a las que se refiere este artículo serán otorgadas por los ministros de Estado mediante acuerdo ministerial, el mismo que será puesto en conocimiento del Secretario General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oficial.

El funcionario a quien el Ministro hubiere delegado sus funciones responderá directamente de los actos realizados en ejercicio de tal delegación;

Que, de conformidad con lo que manifiesta el artículo 64 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, las administraciones públicas, central e institucional de la Función Ejecutiva, manifiestan su voluntad jurídico de derecho público a través de actos administrativos, actos de simple administración, hechos administrativos, contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de recurrir a otras categorías de derecho privado cuando tales administraciones actúen dentro de dicho campo;

Que, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina: “En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aún cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación. Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable.

En el ámbito de responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia.”;

Que, mediante comunicación de 4 de enero del 2011, el Ab. Adrián Herrera Villena, presenta ante el Secretario Nacional de Transparencia de Gestión su renuncia irrevocable al cargo de Subsecretario General de Transparencia de Gestión;

Que, mediante memorando No. SNTG-D-008-2011 de 5 de enero del 2011, Juan Sebastián Roldán Proaño, Secretario Nacional de Transparencia de Gestión, dispone a la Dirección de Gestión del Talento Humano de esta Cartera de Estado que legalice la designación del Sr. Iván González como Subsecretario General de Transparencia de Gestión;

Que, la estructura organizacional de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, se alinea con sus objetivos consagrados en el Decreto Ejecutivo No. 1511, publicado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 498 de 31 de diciembre del 2008, y se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las disposiciones previstas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos,